En España lanzan un campaña, denominada «Consumo con Derechos«, desde donde se denuncia la inseguridad en la que se encuentran todas aquellas personas que han participado en las distintas actividades de una Asociación de Consumidores de Cannabis y por su puesto amparar a los usuarios de cannabis.
Esto cobra fuerza luego del proceso judicial y sanciones que han recaído sobre activistas pro-cannabis. Tal es el caso de Albert Rió un ciudadano que fue sentenciado a cinco años de prisión por ser responsable de un cultivo de cannabis para el consumo de los miembros de la Asociación «Ariam» de Barcelona.
«Presentaremos un recurso al Tribunal Constitucional para evitar que entren en prisión. No se trata solamente del caso de Albert, sino de personas que están siendo criminalizadas por ser consumidoras de cannabis» dijo un abogado del equipo defensor del caso.
Por su parte, la abogada y usuaria Gabriela Sierra también informó que hasta este momento hay más de 230 adhesiones que denuncian esta situación. Más de 70 pertenecen a colectivos, entre los cuales está el Círculo Sectorial Estatal Podemos Cannábico, GEPCA (Grupo de Estudio de Políticas del Cannabis), Irídica, The abogados, Unión de Pacientes por la Regulación del cannabis, Unitat de Polítiques de Drogues de la UAB o Federación d’associacions cannábiques de Catalunya (CatFAC).
Ante los hechos instan a más personas a sumarse a la campaña, denunciar cualquier tipo de arbitrariedad judicial y abrir un debate público. Para ello, ponen a disposición la página web http://www.consumoconderechos.org/
De este modo, las personas integrantes de la plataforma, así como los expertos juristas apelan al poder legislativo para que se apruebe durante esta legislatura una regulación integral del consumo del cannabis, tanto medicinal como lúdico.
