Canopy Growth llega a la Argentina representada por su filial médica, Spectrum Therapeutic, la cual opera en 15 países y atiende a más de 100 mil pacientes en el mundo.
La llegada de la reconocida firma canadiense a tierras sureñas surgió mediante un convenio con la Universidad de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad y el sector empresarial.
«No estamos por ahora hablando ni de cultivo, ni de otras etapas que son posteriores. Nos parece más importante avanzar primero en la parte clínica» aclaró un representante de Canopy durante la presentación oficial.
En ese sentido explicó que en primera instancia se busca la capacitación y la investigación. «Este convenio nos va a permitir avanzar en mirar el cannabis desde el punto de vista de la educación en la parte médica. Es decir, cómo instruir a los médicos en el uso del cannabis medicinal. En eso va a estar enfocado este convenio», acotó el vocero.
Para ello, se realizarán cursos de formación profesional que iniciarán este 22 de agosto, además se llevarán a cabo ensayos clínicos para obtener más evidencias sobre el cannabis medicinal, los cuales deberían arrojar resultados en dos años y con ellos, nuevos aportes.
Primer paso en tierras argentinas
Para Canopy, este es el primer paso para instalarse en Argentina, un país que ven como un mercado potencial. «Este acuerdo va a aportar muchísimo en la evolución de la legislación local», apunta el portavoz de la empresa, quien considera que unos 400 mil argentinos, con distintas patologías, podrían tener acceso al cannabis medicinal.
Argentina es el quinto país de la Latinoamérica donde Canopy fomentará sus actividades educativas, tal y como la ha hecho en Colombia, Chile, Perú y Brasil.
Marco legal vigente
En la nación sureña, la ley 27.350 de «Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados» fue promulgada en marzo de 2017. El artículo 6 autorizó el cultivo de cannabis con fines médicos, científicos e investigativos, pero el instrumento legal dejó por fuera el autocultivo. En el caso del cannabis medicinal quedó restringido a casos de epilepsia refractaria y slo el Estado puede administrarlo.
