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¿En qué consiste el proyecto de ley para regular la industria del cannabis en Argentina?

El documento presentado ante el Consejo Económico y Social del Estado, consta de seis títulos. Conoce los detalles en esta nota

A principios de mayo el equipo de gobierno del presidente de Argentina, Alberto Fernandez informó que presentará un proyecto de ley para regular la industria del cannabis medicinal, una iniciativa que deja ver el interés gubernamental por autorizar una nueva actividad económica, lo que podría traer diversos beneficios para el país.

Una vez se conoció la propuesta, hay quienes se preguntan en qué consiste este proyecto de ley, una interrogante que se despeja al leer el documento, el cual consta de seis títulos: el primero de ellos define los objetivos y definiciones técnicas de algunos conceptos como cannabis, cáñamo, o sustancia psicoactiva; el segundo título contempla la creación de la Agencia Regulatoria de la Industria Cannábica, la cual se encargaría de otorgar licencias y supervisar a los beneficiarios, en ese contexto, un tercer capítulo detalla las funciones de la referida agencia; mientras que el cuarto capítulo especifica la modalidad de las autorizaciones que podrá dar para importar, exportar, cultivar, fabricar o comercializar el producto; el quinto precisa las sanciones que pueden tener quienes incumplan la ley; y el sexto establece el plazo para su reglamentación.

Disposiciones

En su primera parte, el proyecto deja claro su función reguladora en el plano productivo y recalca que el uso médico y/o terapéutico es competencia de las autoridades de salud, mientras que el autocultivo se rige por la ley vigente y el consumo recreativo se mantiene prohibido.

En cuanto a las infracciones por incumplimiento de la ley, establece sanciones civiles y penales que varía de acuerdo a la gravedad del hecho cometido y puede ir desde multas entre 100 y 300,000 unidades fijas hasta la suspensión de la licencia otorgada por la Agencia Regulatoria de la Industria Cannábica.


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Los promotores del proyecto consideraron importante fijar un plazo máximo para la reglamentación de la ley, ya que algunos proyectos omiten este dato y cuando son aprobados, pasan años para su reglamentación, por tal razón a esta propuesta le asignaron 180 días para su reglamento.  

Cabe destacar que el documento oficial se presentó ante el Consejo Económico y Social que se espera sea debatido en los próximos días en la Asamblea, donde será visto como un anteproyecto que puede ser sometido a observaciones y ajustes según las consideraciones de los parlamentarios.

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