La Corte Suprema de Argentina ratificó el control del Estado para el autocultivo de cannabis con fines medicinales mediante un fallo en el que rechazó un amparo impulsado por un grupo de madres que buscaba impedir cualquier intervención estatal sobre tratamientos con cannabis medicinal para sus hijos, sin embargo, el dictamen dejó claro que quienes no estén inscriptos en el registro de autocultivo no podrán ser penalizados si demuestran que la marihuana en posesión tiene una finalidad terapéutica.
En su resolución, el máximo tribunal del país priorizó el derecho a la salud y recordó que, según las normas vigentes, «está despenalizado el cultivo de cannabis con fines medicinales por parte de las madres de los menores», pero advirtió que el Registro del Programa de Cannabis» (Reprocann) creado para el control estatal «es razonable».
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El pronunciamiento surgió luego que varias integrantes de la asociación Mamás Cannabis Medicinal (Macame) habían pedido la inconstitucionalidad de las normas sobre registro y autorización, alegando que el autocultivo de cannabis medicinal es una «acción privada», protegida por el artículo 19 de la Constitución Nacional, exenta del control y permiso del Estado, e invocó el derecho a la intimidad.
Tras el pedimento de las progenitoras, el tribunal remarcó que la norma constitucional «reconoce al individuo un ámbito en el cual puede adoptar libremente las decisiones fundamentales acerca de su persona, sin intervención alguna por parte del Estado o de los particulares, en tanto esas decisiones no violen el orden, la moral pública o los derechos de terceros».
Criterio judicial
Según los jueces de la Corte, el objetivo del control estatal es evitar el uso indebido de medicamentos, determinar la peligrosidad de estos, su comprobada y comprobable acción y finalidades terapéuticas y sus ventajas científicas, técnicas o económicas, de acuerdo con los adelantos científicos.
«Las razones de salud y seguridad públicas involucradas resultan suficientes para justificar que el Estado expida autorizaciones administrativas en el marco de la ley 27.350 para el autocultivo y la elaboración de productos derivados del cannabis con fines medicinales«, escribieron en la sentencia.
