Luego de un largo proceso legislativo y tras sortear varios obstáculos, finalmente este miércoles 02 de marzo quedó oficialmente legalizado el cannabis medicinal e industrial en Costa Rica, una vez que el presidente Carlos Alvarado plasmó su firma a la ley para su ejecución.
«Los dos beneficios fundamentales de esta ley tienen un gran alcance: aliviar el dolor y dar tratamiento a personas que lo necesitan y ampliar las posibilidades para la salud de muchas personas (…), y el otro gran logro de esta ley es que se pueda industrializar el cáñamo, una actividad que podría activar nuestro agro, sobre todo en nuestras zonas rurales», manifestó el mandatario costarricense.
Largo proceso legislativo
Es oportuno recordar que en el país centroamericano surgió la propuesta de legalizar la planta hace un par de años, cuando el tema se discutió en el Congreso, en ese momento, contó con el visto bueno de algunos de sus representantes, pero no trascendió en la agenda.
El año pasado volvió al debate y la propuesta fue sometida a votación y obtuvo un gran respaldo, sin embargo, una bancada de diputados de tendencia evangélica se opuso y envió el proyecto a Sala Constitucional, tras una revisión, los magistrados dijeron que no había inconsistencia ni elementos de inconstitucionalidad, por tal razón declararon viable la propuesta.
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El documento volvió al congreso donde fue aprobado, entonces el presidente aplicó un veto parcial a la ley, cuestionando algunos de los artículos plasmados en el texto legal. Ante el pronunciamiento presidencial, se conformó una comisión que hizo los ajustes correspondientes y eliminó la figura del autocultivo y autoconsumo.
Hecha la reforma, el documento volvió a un proceso de votación, donde fue aprobado en las dos ocasiones, después pasó a manos del presidente, quien satisfecho con los cambios procedió a firmar.
A tal efecto, la ley permite a las autoridades costarricenses otorgar licencias para la producción e industrialización del cannabis con fines médicos o terapéuticos, además, declara libre el cultivo, la producción, la industrialización, la comercialización de cáñamo o cannabis no psicoactivo y sus productos o subproductos, para fines alimentarios e industriales, sin autorización previa especial o adicional de las autoridades.
